La Comisión de Justicia del Senado fue escenario de un nuevo choque entre oficialismo y oposición como consecuencia de que su presidente, el kirchnerista Oscar Parrili, convocó al ex senador radical Mario Cimadevilla para que repitiera sus denuncias sobre un presunto entorpecimiento atribuible al gobierno de Mauricio Macri en la investigación de la causa AMIA.
En una teleconferencia que terminó con fuertes críticas cruzadas Cimadevilla insistió en que el ex ministro Gustavo Garavano habría presionado a los funcionarios querellantes por parte del Estado para que no acusaran a los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia de encubrimiento en la investigación del atentado. La razón que le dieron para ese pedido, según el ex senador radical, era que ambos eran “amigos”.
Por entonces, comienzos de 2018, Cimadevilla era titular de la Unidad AMIA y actuaba como querellante. Renunció al cargo por desavenencias con Garavano, a quien denunció penalmente. La denuncia fue desestimada por la Justicia. Más tarde Mullen y Barbaccia reultaron condenados.
Cimadevilla acusó directamente a Mauricio Macri de pretender “manejar la Justicia desde la política”. La imputación sonó como música en los oídos del oficialismo porque encajó a la perfección en la teoría del “lawfare”, esto es, la supuesta manipulación política de la Justicia para perseguir opositores, utilizada por Cristina Kirchner como argumento central para defenderse en los procesos que se le siguen por corrupción.
Cambiemos rechazó de manera unánime la presentación de Cimadevilla. El radical Luis Naidenoff reprodujo declaraciones de 2017 del presidente Alberto Fernández en que consideraba a Cristina Kirchner responsable del encubrimiento a los iraníes por la voladura. En respuesta en kirchnerista José Mayans acusó al gobierno anterior de haber dejado en la ruina al país.
Fuente: LA PRENSA
